Mas allá de los deberes que nos debería imponer un Estado Laico (el de mantener al Estado neutral ante la religión y las confesiones religiosas) es indudable que Religión y Política son dos fenómenos sociales muy relacionados, sea de manera intencional o no como nos lo demuestra el cariz que ha adoptado la lucha política entre el gobierno de Evo Morales y la oposición de la “media luna” sobre el referéndum de aprobación de la nueva Constitución.

Es altamente significativo para el análisis político y el religioso que una de las últimas cartas jugadas por la oposición haya sido justamente la intensiva utilización política de las creencias religiosas. Esto merece cuando menos dos tipos de contestaciones muy al vuelo, provenientes de alguien que, como un servidor, ha participado como consultor externo informando sobre el tema del Estado laico en algunas sesiones de la asamblea constituyente boliviana.

En primer lugar, desde el ángulo político, la actual Constitución Boliviana es una de las muy pocas que todavía se permiten proclamar sin ningún rubor que solo sostiene a una iglesia en particular, que se reconoce abiertamente la discriminación religiosa en el corazón mismo del Estado Social de Derecho: la Constitución. El actual proyecto que propone independizar (no enemistar) Estado y religión eliminando dicha indefendible discriminación, posiciona a Bolivia a la altura del standard mínimo de Democracia en la región pues no hay democracia sin laicidad, ni laicidad sin democracia. Y sin ambas no hay posibilidad de plenos derechos humanos. La neutralidad estatal es garantía de igualdad sin la cual no hay plena libertad.

En segundo lugar, desde el enfoque religioso, no hay que dejar pasar que el penoso empleo de los cultos religiosos como arma arrojadiza contra el oponente político -en el que se han comprometido Prefectos opositores y algunos miembros de la jerarquía católica- ofende la naturaleza de las iglesias y de la propia religión cristiana al comprometerlas en conflictos puramente terrenales por la hegemonía absoluta y el amor al poder. ¿No podría justamente llamarse a esto como el pecado de « tomar el nombre de Dios en vano »?. Para no desorientarse en estas coyunturas y falsas oposiciones tipo “Constitución vs. Religión” es indispensable recordar los lazos de parentesco históricos entre libertad, derechos humanos, religiones y laicidad. Tanto en el seno del catolicismo (Erasmo de Rótterdam, Marsilio de Padua, Guillermo de Ockham, etc.) como en el del protestantismo (Roger Williams, Isaac Backus, William Penn) de los siglos 16 y 17 aparecieron corrientes que buscaban democratizar el gobierno de la iglesia y también separar iglesias y Estado con la finalidad de acercar a las primeras al modelo ideal del cristianismo original que se había corrompido luego de caer en la tentación de aliarse con el Imperio romano constantiniano. Pero las respectivas jerarquías religiosas se opusieron a dichos intentos renovadores y ello fermentó en revoluciones liberales que proclamaron los derechos humanos al mismo tiempo que la separación Iglesia-Estado. En EE.UU., los revolucionarios protestantes separaron ambas instituciones pensando en purificar a las iglesias de toda contaminación política mientras que en Francia la intención fue purificar a la sociedad de toda « contaminación » católica y religiosa. En ambos casos ello se postulo así para asegurar la convivencia pacífica entre los diferentes credos y las libertades fundamentales de los ciudadanos varones y burgueses. A pesar de este patriarcal condicionamiento de todos modos ello supuso un avance en la historia política de Occidente pues dio origen nada más ni nada menos que al Estado Constitucional. Las vinculaciones entonces no son casuales.

Hoy la historia no aparece muy diferente: elites religiosas en abierta oposición a su propia feligresía, sin realmente representarlas, defendiendo posiciones de poder y de alianza con elites políticas que resisten cambios profundos para democratizar la sociedad y el Estado; y de otro lado laicos, laicas (en sentido religioso) y ciudadanas interesadas en contribuir a dicha democratización separando lo que es del César y lo que es de Dios ocupados/as en profundizar la dignidad humana mediante la ampliación del catálogo constitucional de los derechos humanos. Como ya decía el sabio del Eclesiastés pareciera que « no hay nada nuevo bajo el sol ».

Es crucial que el noble pueblo boliviano distinga lo histórico de lo transitorio en su decisión final del 25 de enero pues cualquiera sea el resultado, indudablemente marcará a fuego su proceso histórico. Por ello, mis mejores deseos a los bolivianos y bolivianas en su esforzada lucha por un mañana mejor.

Marco Antonio Huaco P.

Abogado peruano especializado en libertad de conciencia, religiosa y derecho eclesiastico latinoamericano